El endurecimiento de las políticas migratorias impulsado por el presidente Donald Trump, con llamadas a la “mayor operación de deportación de la historia de Estados Unidos”, ha generado una paradoja: mientras aumenta el control fronterizo y las redadas internas, muchas empresas estadounidenses sufren la escasez de trabajadores que impulsan su crecimiento y estabilidad. Frente a la incertidumbre sobre el futuro de los programas de inmigración legal —de los que dependen sectores clave—, un creciente grupúsculo de empresarios ha empezado a presionar desde Washington para revertir las medidas más drásticas y garantizar vías ordenadas de contratación.
Magnitud de la crisis: 1,7 millones de vacantes sin cubrir
Según la Coalición Estadounidense de Empresas por la Inmigración (ABIC), hoy faltan 1,7 millones de trabajadores en la economía de EE.UU.
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Sector agrícola: 73 % de temporeros son migrantes.
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Salud: 40 % de enfermeras, técnicos y auxiliares nacieron en el extranjero.
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Hostelería y restauración: 67 % de hoteles no hallan personal suficiente.
Esta brecha obliga a las empresas a elevar salarios, encarece insumos y presiona la inflación:
“El alza de costes laborales se traslada al consumidor; las familias estadounidenses sienten el golpe en su cesta de la compra”, advierte Rebecca Shi, directora de investigación de ABIC.
Testimonios desde el terreno
Manolo Betancur: la panadería latina de Charlotte
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Origen: colombiano nacionalizado, dueño de Manolo’s Bakery (4 locales, 70 empleados).
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Problema: frecuentes redadas de ICE (Inmigración y Control de Aduanas) que hacen que sus trabajadores, en su mayoría inmigrantes, no se presenten por miedo.
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Reclamo: urge a autoridades locales alzar la voz contra una política que, dice, deporta a “gente trabajadora, no criminales”.
Bob Worsley: construcción en Arizona y legislador republicano
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Empresario inmobiliario y legislador estatal en Arizona.
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Reclama vías legales estables: “Puedes cerrar puertos, pero si no ofreces soluciones para la demanda de mano de obra, la inmigración ilegal continuará”.
Programas de inmigración legal en jaque
Visas H-2A y H-2B (temporeros agrícolas y no agrícolas) se han convertido en incógnita:
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El plan conservador “Proyecto 2025” propone restringir estos cupos.
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Trump no ha garantizado su continuidad.
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Muchos contratos expiran sin saber si se renovarán.
Acción inmediata:
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ABIC y empresas tecnológicas presionan al Congreso para extender y modernizar estos programas.
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Reuniones en Washington durante marzo para visibilizar la crisis.
Sectores críticos al límite
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Agricultura
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Temporada de cosechas: picos de demanda de mano de obra.
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Sin trabajadores, EE.UU. importa más alimentos, comprometiendo seguridad alimentaria.
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Salud
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Envejecimiento poblacional y pandemia: necesidad urgentísima de enfermeros, técnicos y asistentes.
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40 % de la fuerza laboral migrante teme someterse a chequeos.
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Turismo y hostelería
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Temporada alta: grandes hoteles y restaurantes no llegan a completar plantillas.
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Medidas estatales y empresariales de contingencia
Edad mínima de empleo bajada en varios estados:
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Ohio: menores pueden servir alcohol.
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Iowa: menores en tareas de demolición o fábricas.
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Florida: debate para autorizar trabajo formal desde 14 años.
Automatización y robótica:
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Algunas bodegas y fábricas invierten en máquinas para tareas manuales.
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Sin embargo, el costo de implementación limita su alcance a grandes corporaciones.
Datos y debate: la inmigración y el crimen
Estudios recientes:
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Asociación Estadounidense de Sociología: ciudades con más inmigrantes presentan menos homicidios.
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Anthony Peguero (Rutgers): inmigrantes indocumentados cometen menos delitos que nativos en zonas violentas.
“Desmontar la idea de que todos los inmigrantes son criminales ayudaría a recobrar la confianza y facilitaría su integración como fuerza laboral indispensable”, propone Shi.
Obstáculos políticos para una reforma integral
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Republicanos vs. Demócratas: desacuerdos históricos sobre seguridad fronteriza y vías legales.
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Prioridades legislativas: la reforma migratoria no figura en la agenda urgente de Trump, centrado en nominaciones judiciales y recortes fiscales.
Propuestas que chocan:
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Plan de ciudadanía para indocumentados—rechazado por ala dura republicana.
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Aumento de cupos H-2B—criticada por nativistas.
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Fortalecer asilo—punto de fricción con fondos de seguridad interna.
Hacia una política migratoria sensata
Claves para avanzar:
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Separar debate de criminalidad real vs. percepción.
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Blindar programas temporales que alimentan la economía.
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Simplificar trámites legales para trabajadores esenciales.
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Supervisión: mejorar transparencia en renovaciones de visas.
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Colaboración federal-estatal: coordinar ICE con cámaras de comercio locales para evitar redadas indiscriminadas.
Conclusión
La política migratoria de Trump, marcada por la promesa de deportaciones masivas, ha acabado perjudicando a las empresas que sostienen la economía real de EE.UU. Frente a un mercado laboral desabastecido, que presiona al alza inflación y erosiona la competitividad, cada vez más empresarios —incluso conservadores— alzan la voz para reclamar un giro hacia la regularización y apertura controlada de la mano de obra extranjera.
El dilema es claro: mantener una frontera segura es legítimo, pero asegurar el flujo de trabajadores legales resulta indispensable para prevenir un colapso productivo. La gran pregunta es si la Casa Blanca y el Congreso encontrarán el equilibrio entre seguridad y necesidades económicas, o si la prolongación del debate condenará a EE.UU. a una crisis de empleo y abastecimiento aún más profunda.
