La Corte Suprema de Estados Unidos está en el centro de un debate que podría cambiar el panorama digital del país. Este viernes, los nueve magistrados, en su mayoría conservadores, escucharon los argumentos de TikTok, de algunos de sus usuarios y del Gobierno federal sobre una ley que podría significar la prohibición definitiva de la popular red social en territorio estadounidense. La decisión podría tomarse en cuestión de días o incluso horas.
El contexto de la controversia
La ley en cuestión fue promulgada con amplio apoyo bipartidista y exige que ByteDance, la compañía china propietaria de TikTok, se desprenda de la red social antes del 19 de enero. De no hacerlo, la aplicación quedará prohibida en Estados Unidos. La medida responde a preocupaciones de seguridad nacional, argumentando que TikTok podría ser una herramienta para que el Gobierno chino acceda a datos sensibles de usuarios estadounidenses y manipule contenidos para favorecer sus intereses.
El caso adquiere un matiz político aún más complejo debido al regreso del presidente electo Donald Trump a la Casa Blanca el 20 de enero, justo un día después de la fecha límite establecida por la ley. Trump, en una medida inusual, ha solicitado a la Corte Suprema que bloquee temporalmente la norma, alegando que desea buscar una «resolución política» al asumir el cargo.
El debate sobre la Primera Enmienda
TikTok y algunos de sus usuarios han presentado demandas argumentando que la ley viola los derechos de libertad de expresión protegidos por la Primera Enmienda de la Constitución. Sin embargo, durante las audiencias, los magistrados mostraron escepticismo hacia este argumento.
La jueza progresista Elena Kagan cuestionó cómo se implican los derechos de la Primera Enmienda en este caso, mientras que su colega Sonia Sotomayor exploró si la desinversión forzosa afecta dichos derechos. Por su parte, el presidente de la Corte, John Roberts, señaló que ByteDance está sujeta a las leyes chinas, que podrían obligarla a cooperar con el Gobierno en la recolección de datos.
El abogado de TikTok, Noel Francisco, argumentó que el Congreso nunca había intentado cerrar una plataforma de expresión tan importante en la historia de Estados Unidos. Además, sostuvo que el riesgo de seguridad nacional no justifica la eliminación de derechos constitucionales.
Seguridad nacional como prioridad
El Gobierno defiende la ley con firmeza, afirmando que no se trata de suprimir la libertad de expresión, sino de proteger la seguridad nacional. Elizabeth Prelogar, procuradora general saliente, subrayó que TikTok representa una amenaza al recoger datos sensibles de millones de estadounidenses, convirtiéndola en una herramienta potencial para operaciones encubiertas de influencia extranjera.
Según el tribunal de apelaciones del Distrito de Columbia, que refrendó la ley, las justificaciones de seguridad nacional del Gobierno son legítimas. Además, concluyó que la medida es suficientemente ajustada para promover el interés gubernamental sin imponer restricciones específicas al contenido.
El papel de Donald Trump
La postura de Trump agrega un elemento de incertidumbre al caso. Durante su primer mandato, amenazó con prohibir TikTok, pero más tarde se mostró favorable a la plataforma, especialmente durante la campaña electoral, cuando su protagonismo en la red social creció. Su reciente reunión con el director ejecutivo de ByteDance y su solicitud a la Corte Suprema para retrasar la implementación de la ley generan preguntas sobre sus verdaderas intenciones.
Trump ha argumentado que la prohibición podría evitarse mediante una resolución política y ha sugerido que una orden judicial preliminar podría otorgar más tiempo para buscar alternativas. Sin embargo, hasta ahora no hay señales públicas de que una venta de TikTok sea inminente, a pesar de que un consorcio liderado por el multimillonario Frank McCourt ha mostrado interés en adquirir la aplicación.
Repercusiones potenciales
Si la ley se implementa, TikTok se apagará para millones de usuarios estadounidenses. Esto no solo afectaría a los consumidores, sino también a empresas, creadores de contenido y grupos que dependen de la plataforma para comunicarse y alcanzar audiencias. Grupos como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el Instituto Cato han expresado su apoyo a TikTok, argumentando que la ley representa una amenaza a la libertad de expresión.
Por otro lado, si la Corte Suprema bloquea la ley, se abriría un debate más amplio sobre cómo equilibrar los derechos constitucionales con la seguridad nacional en una era de creciente influencia tecnológica y tensiones geopolíticas.
La Corte Suprema podría emitir una orden preliminar en los próximos días, indicando si bloqueará o no la ley mientras se toma una decisión definitiva. La opción de conceder una prórroga de 90 días también está sobre la mesa, aunque dependerá de que se identifique una vía viable para la desinversión.
Independientemente del resultado, este caso marca un precedente importante en la relación entre tecnología, política y derechos constitucionales en Estados Unidos. La decisión podría redefinir el papel del Gobierno en la regulación de plataformas digitales y establecer límites sobre cómo las preocupaciones de seguridad nacional pueden justificar restricciones a la libertad de expresión.
Mientras millones de usuarios esperan ansiosos el fallo, el destino de TikTok en Estados Unidos está en manos de un tribunal que enfrenta la difícil tarea de equilibrar principios fundamentales con una amenaza moderna y compleja.
