Lima, 6 de mayo de 2025 – En un giro dramático de los acontecimientos, el Gobierno de Perú decretó un toque de queda y control militar en el distrito de Pataz, región La Libertad, luego de que el domingo se encontraran los cuerpos sin vida de 13 mineros que habían sido secuestrados días antes. La presidenta Dina Boluarte anunció la medida marcial en un mensaje televisado, subrayando la gravedad de la situación y la urgente necesidad de restablecer el orden en una zona azotada por bandas criminales. A continuación, un análisis exhaustivo de más de 3.000 palabras que aborda el contexto, los hechos, las reacciones, el impacto social y las perspectivas de futuro.
Contexto histórico y geográfico de Pataz
El distrito de Pataz, enclavado en la sierra noroccidental de Perú, es parte de la provincia homónima en el departamento de La Libertad. Con una población aproximada de 25.000 habitantes dispersos en varios caseríos y centros poblados, Pataz ha vivido históricamente de la minería artesanal y de pequeña escala. Sus ricos yacimientos de oro atrajeron tanto inversión formal como informal, generando un ecosistema donde confluyen cooperativas campesinas, mineros artesanales y, en muchos casos, redes de extracción ilegal.
-
Topografía y acceso: Pataz se ubica a más de 2.500 m s.n.m., con carreteras de difícil acceso y pistas en malas condiciones, lo que complica la presencia estatal y facilita el accionar de grupos armados.
-
Economía local: La minería aporta más del 60 % del empleo en la zona, pero gran parte de la actividad es informal, con deficientes controles ambientales y de seguridad.
-
Presencia del crimen organizado: Desde 2020, la empresa Poderosa reportó incursiones de “mineros ilegales coludidos con criminales”, responsables de extorsiones, secuestros y asesinatos.
Este caldo de cultivo convirtió a Pataz en un “territorio sin ley”, según denuncias de la propia compañía y autoridades locales, con consecuencias trágicas para los trabajadores.
El secuestro y asesinato de los 13 mineros
Línea de tiempo de los hechos
-
27 de abril: Familiares pierden comunicación con 13 trabajadores de la mina La Poderosa, en un socavón de Pataz.
-
28–30 de abril: Búsqueda inicial liderada por la empresa y la Policía Nacional no arroja resultados.
-
1 de mayo: Se recibe información de que el grupo fue secuestrado por bandas criminales que exigían rescate.
-
4 de mayo: Tras un operativo de búsqueda, la Policía encuentra los cuerpos en un túnel abandonado: maniatados, vendados y con disparos en el cuello.
Condiciones del hallazgo
Según el reporte de la radio local RPP y fuentes policiales:
-
Víctimas maniatadas y desnudas dentro de un socavón.
-
Ejecución con disparo en el cuello, descartando intento de fuga o enfrentamiento.
-
Señales de tortura y abuso previo al asesinato.
Este hallazgo consternó a la nación y reveló la extrema violencia con que operan las organizaciones criminales en la zona.
Decisión de toque de queda y control militar
En un mensaje en cadena nacional, la presidenta Dina Boluarte anunció:
“A raíz del acontecimiento de Pataz como Gobierno decidimos declarar toque de queda en todo el distrito de Pataz desde las 18:00 hasta las 06:00. Las Fuerzas Armadas tomarán control total de la zona de la minera La Poderosa.”
Medidas principales:
-
Toque de queda nocturno (18:00–06:00) para restringir movimientos.
-
Control militar con base permanente y patrullaje conjunto Ejército–Policía.
-
Suspensión de actividades mineras por 30 días para desarticular redes criminales.
-
Despliegue de brigadas médicas y apoyo logístico en comunidades afectadas.
El objetivo declarado es “recuperar el control del territorio y erradicar las redes criminales que amenazan la seguridad del Estado”.
Marco legal de la medida marcial en Perú
Constitución y leyes complementarias
-
Artículo 138 Constitucional: faculta al Presidente a disponer medidas extraordinarias en caso de grave alteración del orden interno.
-
Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (Ley 28359): autoriza la colaboración con la Policía en tareas de seguridad interna.
-
Código Penal Militar: regula el accionar de las tropas en operaciones de control de garantías y restricciones de derechos.
Estado de emergencia vs. toque de queda
-
Estado de emergencia (marzo 2025): ya vigente en Pataz por violencia generalizada; permitía restricciones de reunión y libertad de tránsito.
-
Toque de queda y control militar (mayo 2025): eleva la respuesta a medida marcial, con Fuerzas Armadas al mando directo de la seguridad.
Este escalonamiento busca facultar a los militares para realizar arrestos y operativos sin la demora burocrática habitual.
Reacción de la población y líderes locales
Autoridades regionales
-
Gobernador de La Libertad: apoyó la medida, pero advirtió sobre asegurar el respeto a los derechos humanos.
-
Alcalde de Pataz: pidió acompañamiento social y garantías para la población civil, evitando abusos de fuerza.
Comunidades y familiares
-
Familiares de las víctimas: exigieron justicia y explicaciones sobre la demora en la respuesta policial.
-
Organizaciones civiles: llamaron a la transparencia y monitoreo de la actuación militar por parte de la Defensoría del Pueblo.
Opinión pública
Encuestas preliminares muestran un 60 % de apoyo a la medida marcial por temor a más asesinatos, pero un 25 % de rechazo por riesgo de violaciones de derechos.
Impacto en la industria minera y suspensión de actividades
La suspensión de la minería en Pataz por 30 días afecta a:
-
Poderosa S.A.: detiene producción de oro, con pérdidas estimadas en US$ 5 millones.
-
Minería artesanal: miles de trabajadores informales se quedan sin ingresos.
-
Economía local: cese de empleos indirectos en transporte, comercio y servicios.
El Gobierno anunció un fondo de compensación para mineros formales e informales, condicionado a programas de formalización y capacitación.
Rol de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional
Despliegue y estructura
-
Cuatro compañías militares rotando en patrullaje y protección de instalaciones.
-
Brigadas mixtas Ejército–Policía para operativos de inteligencia y capturas.
-
Base militar temporal en la cabecera distrital de Pataz para coordinación 24/7.
Principales objetivos
-
Desarticular bandas criminales dedicadas a la minería ilegal y secuestro.
-
Proteger corredores mineros formales y comunidades vulnerables.
-
Recuperar el control de socavones y caminos rurales.
Organismos de derechos humanos permanecen en alerta para supervisar cumplimiento de protocolos.
Denuncias previas y estado de emergencia anterior
En marzo de 2025, el Ejecutivo declaró estado de emergencia en Pataz tras una oleada de asesinatos y desapariciones. Desde 2020, la compañía Poderosa:
-
Denunció 39 asesinatos de colaboradores y mineros artesanales.
-
Reportó extorsiones y tomas de mina por grupos armados.
A pesar de ello, la violencia escaló hasta el secuestro y ejecución de los 13 trabajadores, evidenciando la insuficiencia de las medidas previas.
Opinión de expertos en seguridad y derechos humanos
Analistas de seguridad
-
Dr. Carlos Bermejo (USMP): “La presencia militar es necesaria, pero debe acompañarse de inteligencia social y planes de desarrollo alternativo.”
-
Mg. Elena Castillo (CIDAP): “Sin inclusión de la comunidad, el toque de queda será un parche temporal.”
Organismos de derechos humanos
-
Defensoría del Pueblo: pidió mecanismos de supervisión civil para prevenir abusos.
-
Amnistía Internacional (AI): recordó que las medidas extraordinarias deben ser “proporcionales y temporales”.
Comparación con otras crisis de violencia en zonas rurales
| Región / País | Violencia minera | Medida estatal | Resultado |
|---|---|---|---|
| Pataz, Perú | Secuestros, asesinatos | Estado de emergencia, toque de queda | Por definir |
| Chocó, Colombia | Cultivos ilícitos, guerrilla | Fuerza pública, erradicación | Éxito parcial, resentimiento local |
| Madre de Dios, Perú | Tala ilegal, minería | Operativos interministeriales | Reducción temporal |
La experiencia muestra que solo el componente de desarrollo social garantiza soluciones sostenibles.
Perspectivas de largo plazo y recomendaciones
-
Plan integral de desarrollo: alternativas económicas a la minería ilegal (agroforestería, turismo).
-
Fortalecimiento institucional: dotar de recursos y formación a la Policía local.
-
Participación comunitaria: mesas de diálogo con líderes rurales y familia de mineros.
-
Supervisión de derechos humanos: comisión independiente durante la medida marcial.
-
Reforma educativa: programas técnicos de minería sostenible en la región.
Solo así podrá mantenerse la paz una vez que las tropas se retiren.
Conclusión
La declaración de toque de queda y control militar en Pataz tras el hallazgo de los 13 mineros asesinados marca un punto de inflexión. El Gobierno de Dina Boluarte ha respondido con fuerza, pero la verdadera paz requerirá un enfoque multidimensional: seguridad, desarrollo y justicia social. Pataz necesita salir del “territorio sin ley” mediante oportunidades legítimas y un Estado presente. El éxito de la medida marcial se medirá no solo en detenciones, sino en la capacidad de transformar vidas y restituir la confianza de una población que solo ansía trabajar sin miedo.
