El caso que conmocionó a Risaralda
El 30 de abril de 2025, una adolescente de 13 años logró escapar de su vivienda y pedir auxilio a un vecino, quien, alarmado por su estado de angustia y signos físicos de agresión, la llevó de inmediato al hospital local. Según las primeras versiones, la menor denunció que había sido víctima de abuso sexual por parte de su padrastro, un hombre identificado como pastor evangélico en la comunidad.
El escándalo creció rápidamente cuando los rumores sobre el presunto delito se esparcieron por el vecindario. Decenas de personas enfurecidas rodearon la vivienda del hombre, quien intentaba resguardarse, y lo agredieron físicamente con golpes, piedras y palos. Los videos del hecho, difundidos ampliamente por redes sociales, muestran el momento en que el presunto abusador fue arrastrado por la calle mientras la multitud gritaba consignas de justicia. Las autoridades llegaron al lugar cuando el sujeto ya presentaba heridas de gravedad y fue trasladado a un centro asistencial.
Justicia por mano propia: la respuesta de una sociedad frustrada
Este episodio pone de manifiesto una realidad recurrente en muchos sectores de Colombia: la justicia por mano propia como respuesta ante una sensación de impunidad. Casos de violencia sexual, especialmente contra menores, suelen generar una respuesta visceral de la sociedad, pero cuando el sistema legal no ofrece respuestas inmediatas o ejemplares, el enojo colectivo se transforma en violencia.
El linchamiento, aunque ilegal y moralmente cuestionable, evidencia una falta de confianza en las instituciones encargadas de impartir justicia. En comunidades con recursos limitados y donde los procesos judiciales suelen tardar años, la percepción de que los agresores “salen libres” o reciben penas mínimas, alienta la idea de que la única justicia efectiva es la que impone el pueblo.
El perfil del presunto agresor: un pastor bajo sospecha
Un factor que agravó la indignación pública fue el rol del acusado dentro de la comunidad. No se trataba de un ciudadano cualquiera, sino de un líder espiritual, pastor de una iglesia evangélica local, quien tenía contacto frecuente con familias, menores y actividades religiosas.
Este hecho profundizó el sentimiento de traición y engaño. Muchas personas confiaban en el acusado, lo consideraban un hombre de fe, y su supuesta doble vida como agresor sexual generó una reacción más violenta. La contradicción entre su figura pública y el crimen que se le imputa, hizo que el caso cobrara un simbolismo moral mucho mayor.
El video del linchamiento: redes sociales como tribunal popular
La viralización del video en redes sociales jugó un rol determinante en la escalada de la indignación. En pocas horas, miles de personas vieron las imágenes del sujeto ensangrentado, siendo golpeado por una multitud, sin que interviniera ninguna autoridad durante varios minutos.
Estos contenidos se convirtieron no solo en evidencia del hecho, sino también en un escenario de juicio paralelo. Comentarios en redes, transmisiones en vivo y publicaciones en Facebook y TikTok alimentaron un linchamiento simbólico que, para muchos, ya sentenció al hombre antes de que siquiera fuera procesado formalmente.
La tecnología, en este sentido, se ha convertido en un arma de doble filo: por un lado, visibiliza hechos atroces y genera presión social; por otro, puede vulnerar el principio de presunción de inocencia y fomentar castigos extrajudiciales.
El derecho al debido proceso: ¿qué dice la ley colombiana?
Aunque el rechazo social hacia los abusadores sexuales es legítimo y comprensible, la Constitución de Colombia y los tratados internacionales de derechos humanos garantizan el derecho de toda persona a un juicio justo, defensa legal y presunción de inocencia hasta que se demuestre su culpabilidad.
Linchamientos como el de Santa Rosa de Cabal constituyen delitos en sí mismos, y los responsables podrían enfrentar cargos por tentativa de homicidio, lesiones personales, y obstrucción a la justicia. Las emociones no pueden estar por encima del Estado de Derecho, y las instituciones deben garantizar que la justicia se imparta en los términos legales establecidos.
Una justicia lenta y sobrecargada: origen de la desesperanza
Según datos del Consejo Superior de la Judicatura, los procesos por delitos sexuales en Colombia pueden tardar entre 3 y 5 años en alcanzar una sentencia. Muchos de estos casos son archivados por falta de pruebas, testigos intimidados o corrupción.
La lentitud, falta de recursos y escasa protección a las víctimas fomentan la percepción de que el sistema no protege a los más vulnerables. En comunidades rurales, donde la presencia estatal es reducida, estos factores se intensifican, y se crea un ambiente propenso al estallido social.
El rol del Estado: entre el abandono y la reacción tardía
El Estado colombiano ha fallado en su deber de prevención, protección y respuesta. La ausencia de políticas integrales para prevenir el abuso infantil, educar a la población y garantizar justicia efectiva, crea un vacío que las comunidades intentan llenar a su manera.
En Santa Rosa de Cabal, las autoridades llegaron tarde, tanto para proteger a la menor como para evitar la agresión al presunto agresor. La falta de reacción inmediata demuestra que no existen protocolos adecuados para atender crisis de este tipo, y que el Estado sigue ausente en los momentos decisivos.
Educación y sensibilización: el antídoto contra la violencia colectiva
La educación es la herramienta más poderosa para prevenir tanto el abuso como la justicia por mano propia. Desde las escuelas y comunidades deben promoverse campañas sobre derechos humanos, mecanismos legales de denuncia, y la importancia de respetar los procesos judiciales.
La formación en valores, la inclusión de temas de género y violencia en el currículo educativo, y el fortalecimiento de la confianza institucional pueden disminuir los impulsos colectivos violentos y fomentar la resolución legal de los conflictos.
