En un escenario de creciente preocupación global por la degradación de los ecosistemas marinos, la presidenta del Perú, Dina Boluarte, anunció desde Francia que el país suscribirá el Tratado de Alta Mar, una iniciativa internacional clave para la protección de los océanos más allá de las jurisdicciones nacionales.
El anuncio fue hecho en el marco de una conferencia internacional celebrada en París, donde mandatarios, científicos y líderes ambientales se reunieron para consolidar compromisos orientados a la preservación de la biodiversidad marina en aguas internacionales. Esta decisión coloca al Perú entre las naciones que reconocen que el futuro de los océanos no depende solo de lo que ocurre dentro de sus fronteras, sino de una acción coordinada y multilateral para detener la sobreexplotación y el deterioro de los ecosistemas marinos.
A continuación, se explora el alcance de este tratado, el significado del anuncio de Boluarte, y cómo este compromiso puede redefinir el papel de Perú en la diplomacia ambiental internacional.
¿Qué es el Tratado de Alta Mar?
Formalmente conocido como el “Tratado sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina en las Zonas Situadas fuera de la Jurisdicción Nacional”, este acuerdo multilateral fue aprobado en 2023 por los países miembros de las Naciones Unidas, tras casi dos décadas de negociaciones. Es considerado el instrumento legal más importante para la protección de los océanos en el siglo XXI.
El Tratado tiene como objetivo regular el uso de los recursos genéticos marinos, establecer áreas marinas protegidas en aguas internacionales, y garantizar mecanismos de evaluación de impacto ambiental para cualquier actividad que se realice fuera de las zonas jurisdiccionales de los Estados.
Cubre más del 60% de la superficie oceánica del planeta, actualmente poco regulada y vulnerable a actividades como la pesca industrial, la minería submarina, el tráfico marítimo y la contaminación por plásticos y químicos.
¿Por qué Perú decide unirse ahora?
El compromiso anunciado por Dina Boluarte se da en un contexto en el que el Perú busca reposicionarse como líder ambiental en América Latina. Con una de las costas más biodiversas del Pacífico suroriental y una economía que depende fuertemente de la pesca, el país tiene una responsabilidad directa en el uso sostenible de los recursos marinos.
Unirse al Tratado de Alta Mar implica:
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Reconocer que la salud de los océanos trasciende las fronteras.
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Alinear su política ambiental con estándares internacionales.
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Fortalecer su rol en negociaciones multilaterales sobre cambio climático y biodiversidad.
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Establecer compromisos más exigentes en vigilancia, transparencia y cooperación científica.
Para Boluarte, este anuncio también representa una oportunidad diplomática para reforzar su imagen internacional y marcar un hito en medio de un periodo político complejo a nivel interno.
El simbolismo de hacerlo desde Francia
No es casual que el anuncio se haya hecho desde París, sede simbólica de los compromisos climáticos globales, como el Acuerdo de París de 2015. Francia ha sido uno de los principales promotores del Tratado de Alta Mar y ha impulsado diversas iniciativas para fortalecer la gobernanza internacional de los océanos.
Boluarte participó en reuniones bilaterales con representantes europeos y organismos internacionales, donde el tema ambiental fue el eje central del diálogo. El gesto de anunciar la adhesión al tratado en este contexto refuerza la intención del gobierno peruano de proyectarse como una nación comprometida con los desafíos del planeta.
¿Qué implicará en la práctica para el Perú?
Aunque el Tratado regula zonas fuera de la jurisdicción nacional, los países firmantes deben ajustar sus marcos normativos y administrativos para contribuir a su cumplimiento. En el caso peruano, esto representará varios desafíos y oportunidades:
1. Fortalecimiento institucional
Será necesario reforzar los mecanismos de monitoreo oceánico, investigación científica y vigilancia marítima, con colaboración de las fuerzas armadas, organismos técnicos como Imarpe, y la sociedad civil.
2. Revisión de políticas pesqueras
Perú deberá garantizar que sus flotas industriales y artesanales operen de acuerdo con criterios de sostenibilidad y transparencia, especialmente aquellas que incursionan en altamar o colaboran con embarcaciones extranjeras.
3. Mayor cooperación internacional
Como parte del tratado, el país podrá acceder a fondos internacionales, programas de capacitación técnica y acuerdos de transferencia tecnológica, especialmente en temas como la trazabilidad de productos marinos, la investigación genética oceánica o la mitigación de impactos de minería submarina.
4. Compromisos con las comunidades costeras
El gobierno deberá implementar planes inclusivos que garanticen que las comunidades pesqueras no queden relegadas, sino que participen en la conservación y se beneficien de las oportunidades que brinda el tratado, como ecoturismo, innovación azul y empleo sostenible.
¿Qué tan avanzada está la implementación global del tratado?
A la fecha del anuncio, el Tratado de Alta Mar ha sido firmado por más de 80 países, aunque requiere la ratificación de al menos 60 para entrar plenamente en vigor. Varios países europeos, latinoamericanos y del sudeste asiático ya han avanzado en sus procesos de aprobación legislativa.
La decisión del Perú de sumarse no solo es estratégica a nivel de política interna, sino también para influir en la arquitectura ambiental global. De concretarse la ratificación legislativa en el Congreso, el país pasaría a formar parte de la primera generación de naciones comprometidas con esta herramienta legal.
Reacciones al anuncio
El anuncio de Boluarte fue bien recibido por diversos sectores:
Ambientalistas y ONGs celebraron el gesto como un avance necesario.
Científicos marinos destacaron la oportunidad para impulsar la investigación en aguas profundas, donde aún hay especies no descubiertas.
Empresarios pesqueros mostraron cierto recelo, aunque reconocieron que alinearse con estándares internacionales puede abrir nuevos mercados.
Ciudadanos y comunidades costeras expresaron esperanza, pero pidieron garantías de que no se tratará solo de un compromiso simbólico.
El reto: convertir la palabra en política de Estado
Si bien el anuncio es importante, su impacto real dependerá de su implementación. Para ello, el gobierno deberá:
Presentar el tratado al Congreso para su ratificación formal.
Crear una comisión multisectorial de implementación, incluyendo los ministerios del Ambiente, Producción, Relaciones Exteriores y Defensa.
Elaborar un plan nacional para la aplicación del tratado, con metas, indicadores y plazos concretos.
Promover la educación oceánica en escuelas, universidades y medios, para fomentar una cultura marina.
¿Un paso hacia una diplomacia azul?
Con esta decisión, el Perú se perfila para asumir un rol más activo en lo que muchos llaman la “diplomacia azul”: una política exterior que prioriza la gobernanza marina, la acción climática y la sostenibilidad del océano como ejes de su proyección internacional.
Esto podría traducirse en:
Liderazgo regional en foros multilaterales como la Conferencia de los Océanos de la ONU.
Creación de alianzas estratégicas con países del Pacífico Sur.
Posicionamiento del Perú como referente en economía azul, innovación marina y gobernanza responsable.
Un compromiso azul que debe volverse acción
El anuncio de la presidenta Dina Boluarte desde Francia, comprometiendo al Perú con el Tratado de Alta Mar, es un paso positivo en la dirección correcta. En tiempos donde el cambio climático, la sobrepesca y la contaminación marina amenazan los ecosistemas oceánicos, cada gesto político cuenta.
Sin embargo, el verdadero desafío empieza ahora. Convertir ese gesto en políticas públicas, inversión sostenible y participación ciudadana será la clave para que este tratado no quede en el papel. Los océanos no necesitan discursos: necesitan decisiones valientes, vigilancia constante y un nuevo pacto entre humanidad y naturaleza.
Y hoy, Perú ha dado el primer paso.
