Papúa Nueva Guinea ha dado un paso inesperado en la regulación del contenido en línea al bloquear el acceso a Facebook, la red social más utilizada en el país. La acción, que el Gobierno ha denominado una “prueba” bajo el amparo de la nueva ley antiterrorista, busca mitigar la propagación de discursos de odio, desinformación, pornografía y otros contenidos considerados perjudiciales. Sin embargo, el carácter sorpresivo de la medida y su amplitud han desatado una fuerte controversia tanto a nivel nacional como internacional.
El inicio del bloqueo y los motivos oficiales.
El bloqueo de Facebook comenzó el lunes 24 de marzo de 2025, sin previo aviso a la ciudadanía ni a las empresas. Según el ministro de Policía, Peter Tsiamalili, la decisión forma parte de una “prueba exitosa” de una tecnología innovadora que busca “regular el uso de Facebook y otras plataformas en línea para mitigar la incitación al odio, la desinformación, la pornografía y otros contenidos perjudiciales que afectan a Papúa Nueva Guinea”.
Tsiamalili subrayó que la medida no tiene la intención de suprimir la libertad de expresión ni impedir que los ciudadanos expresen sus opiniones. No obstante, también advirtió que si las plataformas digitales continúan siendo mal utilizadas, el Gobierno “no dudará en tomar medidas decisivas para salvar a nuestros ciudadanos”.
Facebook: la red social dominante en PNG
Facebook tiene una penetración notable en Papúa Nueva Guinea, con aproximadamente 1,3 millones de usuarios activos. Esto representa cerca de la mitad de la población conectada a internet del país. Debido a su alcance masivo, la plataforma ha sido el canal principal para la comunicación, el activismo social, el comercio digital e incluso la educación informal.
En ese contexto, el bloqueo repentino ha generado un impacto considerable, especialmente entre los pequeños comerciantes y emprendedores que dependen de la red social para ofrecer sus productos y servicios.
Reacciones dentro del país: del temor a la crítica frontal
La medida ha desatado una ola de reacciones adversas. El gobernador de la provincia de Sepik Oriental y opositor parlamentario, Allan Bird, fue uno de los más críticos, afirmando que “no hay límites a los poderes que el ministro de Policía puede ejercer en virtud de esta nueva ley”. Según Bird, se trata de una legislación “draconiana” que abre la puerta a la “tiranía” y pone en riesgo las libertades fundamentales de los ciudadanos.
Además, medios de comunicación y organizaciones defensoras de derechos digitales han manifestado preocupación por el precedente que puede sentar esta acción. “Nos dirigimos a un territorio peligroso”, advirtió Bird, señalando que el Gobierno podría utilizar la legislación antiterrorista para controlar el flujo de información y acallar voces disidentes.
El sector empresarial, también golpeado
El impacto del bloqueo ha llegado más allá del ámbito político. John Pora, presidente de la Corporación de Pequeñas y Medianas Empresas de Papúa Nueva Guinea, expresó que el sector informal está en estado de shock. Vendedores de automóviles, comerciantes en línea y pequeños empresarios han quedado incomunicados con sus clientes, afectando seriamente sus ingresos.
“Facebook no es solo una red social, es una herramienta de trabajo para miles de personas en este país”, afirmó Pora, quien además pidió al Gobierno mayor transparencia y diálogo antes de aplicar medidas que puedan desestabilizar la economía digital local.
Confusión dentro del propio Gobierno
Otro aspecto que ha causado controversia es la aparente falta de coordinación interna. Mientras el ministro Tsiamalili aseguró que contaba con el respaldo de la Autoridad Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (NICTA), este organismo declaró públicamente que no estaba al tanto de los planos del Ejecutivo.
Esta contradicción ha generado dudas sobre la planificación y legitimidad del procedimiento. También ha alimentado las críticas de que la medida fue tomada de forma unilateral, sin los debidos controles institucionales ni un proceso transparente de deliberación.
Precedentes en la región y preocupaciones internacionales
La decisión de Papúa Nueva Guinea no es un caso aislado en la región del Pacífico. En 2021, las Islas Salomón consideraron una prohibición similar a Facebook, aunque finalmente desistieron tras protestas públicas y presión internacional.
En ese sentido, la comunidad internacional ha comenzado a observar con preocupación el desarrollo de esta política en PNG. Organizaciones como Human Rights Watch y Reporteros Sin Fronteras han expresado su inquietud por el uso de leyes antiterroristas para restringir derechos civiles en contextos donde no existen amenazas evidentes que lo justifiquen.
Una ley antiterrorista polémica
La ley antiterrorista de 2024, bajo la cual se ampara el bloqueo de Facebook, otorga amplios poderes al ministro de Policía y otras autoridades de seguridad. Si bien su objetivo es combatir amenazas reales como el extremismo violento, los críticos afirman que su redacción es demasiado amplia y vaga, lo que permite su aplicación discrecional contra ciudadanos comunes.
La ausencia de mecanismos claros de supervisión y rendición de cuentas agrava la situación. Organizaciones locales han pedido que la ley sea revisada o incluso anulada, argumentando que representa un riesgo grave para los derechos digitales, la libertad de expresión y la democracia en el país.
¿Seguridad digital o censura gubernamental?
El Gobierno insiste en que la acción es temporal y necesaria para proteger a la población de contenidos nocivos. Sin embargo, la falta de claridad sobre la duración del bloqueo, la ausencia de un marco de evaluación transparente y la negativa a consultar con el Parlamento o la sociedad civil alimentan la percepción de que el verdadero objetivo es el control del discurso público.
El dilema de fondo está en el equilibrio entre seguridad digital y libertad de expresión. Mientras algunos argumentan que es urgente frenar la desinformación y el contenido dañino en redes sociales, otros señalan que las soluciones deben surgir de políticas públicas bien diseñadas, no de prohibiciones abruptas que afecten derechos fundamentales.
Un futuro incierto para la conectividad en PNG
Papúa Nueva Guinea enfrenta un momento decisivo en su relación con el mundo digital. El bloqueo de Facebook, lejos de ser una simple prueba técnica, ha destapado tensiones políticas, económicas y sociales en torno al uso de internet y el control del contenido en línea.
