El pedido de Toledo: ley de adultos mayores como vía para salir de prisión
El expresidente Alejandro Toledo, encarcelado en el penal de Barbadillo desde abril de 2023 por su presunta implicación en el escándalo de corrupción de Odebrecht, ha solicitado cumplir su condena bajo arresto domiciliario. Esta petición se fundamenta en la Ley N.º 31751, que establece beneficios penitenciarios para internos mayores de 80 años.
Toledo, que cumplió dicha edad el pasado 28 de marzo, plantea que su situación de salud y su avanzada edad justifican la solicitud, considerando que el sistema penitenciario no le brinda condiciones adecuadas. Su defensa argumenta que se trata de un derecho y no de un privilegio, conforme al principio de dignidad humana.
La ley 31751: ¿justicia humanitaria o salida anticipada?
La Ley 31751, promulgada en mayo de 2023, establece que adultos mayores de 80 años pueden solicitar la conversión de la pena privativa de libertad por arresto domiciliario, siempre que no representen un peligro para la sociedad. Esta norma ha sido aplicada en otros casos, como el del exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio.
Sin embargo, la aplicación de esta ley ha generado polémica. Críticos señalan que podría facilitar beneficios indebidos a personajes vinculados a corrupción, mientras que defensores argumentan que se trata de un enfoque humanitario compatible con estándares internacionales.
En el caso de Toledo, la Fiscalía ha advertido que su eventual salida del penal podría entorpecer el proceso judicial o generar una percepción de impunidad.
Toledo y el caso Odebrecht: las acusaciones que enfrenta
Alejandro Toledo enfrenta un proceso judicial por presuntamente haber recibido sobornos por más de 35 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht, a cambio de otorgar la licitación de los tramos II y III de la Carretera Interoceánica Sur durante su mandato (2001-2006).
Los cargos que se le imputan incluyen:
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Colusión agravada
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Lavado de activos
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Tráfico de influencias
Tras años de investigaciones, el exmandatario fue extraditado desde Estados Unidos en abril de 2023, luego de un largo proceso judicial en el que intentó evitar su traslado a Perú. Desde entonces, permanece recluido en el penal de Barbadillo, donde también están Alberto Fujimori y Pedro Castillo.
El informe médico y las condiciones carcelarias
En su solicitud, la defensa de Toledo ha presentado un informe médico que detalla su estado de salud: hipertensión, diabetes tipo II, problemas de movilidad y deterioro neurológico progresivo. Estos diagnósticos, afirman sus abogados, hacen incompatible su permanencia en una instalación penitenciaria.
El penal de Barbadillo, ubicado en Ate, es un establecimiento de baja población (solo alberga a expresidentes) y posee condiciones menos severas que otras cárceles. Sin embargo, la defensa insiste en que no cuenta con la atención médica especializada que Toledo requiere.
Posturas del Ministerio Público y del Poder Judicial
La Fiscalía ha manifestado su oposición a la medida solicitada por Toledo, argumentando que aún se encuentra en etapa intermedia del juicio y que su salida podría representar un riesgo procesal, en tanto ya intentó fugarse del país en el pasado.
Por su parte, el Poder Judicial ha señalado que evaluará el pedido de acuerdo a los criterios establecidos en la ley: edad, estado de salud, conducta procesal y peligrosidad. El juez a cargo del caso, Richard Concepción Carhuancho, aún no ha emitido una decisión.
Se espera que en los próximos días se convoque a una audiencia para escuchar los alegatos de ambas partes y definir si el exmandatario podrá regresar a su vivienda en La Molina bajo custodia policial.
La reacción política y ciudadana: ¿trato diferenciado?
El pedido de Toledo ha generado un amplio debate en la opinión pública. Algunos sectores políticos, sobre todo en la izquierda, consideran que no debería concedérsele ningún beneficio mientras no se declare culpable o inocente. Otros, principalmente desde el ámbito jurídico, defienden el respeto a la ley sin discriminación, incluso para exautoridades.
En redes sociales, usuarios han expresado escepticismo frente a la posibilidad de que otro expresidente evada la cárcel. La memoria de otros casos de impunidad, como el de Alan García —quien se suicidó para evitar su arresto— o los múltiples arrestos domiciliarios por razones médicas, refuerzan esta percepción.
El contexto internacional y el precedente de otros exlíderes
A nivel internacional, no es inusual que expresidentes o figuras políticas mayores de 80 años reciban beneficios penitenciarios por razones humanitarias. Casos como el de Alberto Fujimori en Perú o Luis Inácio Lula da Silva en Brasil —aunque en condiciones diferentes— ilustran cómo la salud puede influir en el cumplimiento de una pena.
Sin embargo, también existen precedentes donde la justicia ha optado por mantener a los imputados en prisión hasta que se emita sentencia, como sucedió con el expresidente panameño Ricardo Martinelli.
La aplicación de estas normas requiere un equilibrio entre el respeto a los derechos humanos del imputado y la exigencia social de justicia efectiva.
