El 4 de mayo de 2025, la compañía Minera Poderosa confirmó el hallazgo de 13 cadáveres en uno de sus socavones en la provincia de Pataz, La Libertad, noroccidente de Perú. Los trabajadores, secuestrados a finales de abril por “mineros ilegales coludidos con criminales”, fueron encontrados maniatados, vendados, desnudos y con disparos en el cuello.
La masacre pone de relieve una región convertida en “territorio sin ley”, donde el crimen organizado controla y extorsiona a mineros formales y artesanales. Frente a esta crisis, autoridades regionales han pedido el estado de sitio, mientras el Gobierno nacional y la Policía son acusados de inacción.
Contexto: Pataz, un foco de minería ilegal y violencia
La provincia de Pataz
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Ubicación: Andes noroccidentales de La Libertad
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Actividad principal: minería de oro (formal y artesanal)
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Estado de emergencia vigente desde febrero de 2024 por violencia
Minas formales vs. ilegales
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Minera Poderosa: explotación formal, con contratos y protocolos de seguridad
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Minería ilegal: redes criminales que operan socavones no autorizados, financian bandas y ejercen extorsión
La colusión entre mineros ilegales y grupos armados ha convertido a Pataz en un enclave donde los traficantes de oro imponen “peajes” y amenazas de muerte para controlar la extracción.
Cronología de los hechos
Fecha | Acontecimiento |
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25 abril | Familiares pierden comunicación con 13 trabajadores en socavón de Poderosa |
2 mayo | RPP reporta secuestro por mineros ilegales y criminales coludidos |
4 mayo | Poderosa confirma hallazgo de 13 cuerpos ejecutados en socavón |
4 mayo (mismo día) | Policía rescata 50 mineros secuestrados en mina Caraveli |
El 27 de abril fue la última vez que se tuvo contacto con las víctimas. Tras días de búsqueda y negociaciones de rescate, el desenlace fue fatal.
Descripción de los cuerpos y modus operandi
Según fuentes policiales y el comunicado de Poderosa:
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Víctimas vendadas, maniatadas y desnudas
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Ejecución con disparo en el cuello
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Cuerpos hallados dentro de un socavón profundo
Este nivel de crueldad busca aterrorizar a otros mineros y familias para imponer control.
Reacción de la empresa y pedido de estado de sitio
Minera Poderosa expresó “solidaridad con las familias” y denunció que Pataz es un “territorio sin ley” donde ya han muerto 39 empleados y contratistas desde 2024.
La gobernación de La Libertad solicitó al Poder Ejecutivo decretar estado de sitio en Pataz “como medida extrema pero necesaria para recuperar el control del territorio y erradicar las redes criminales” (Gobernación de La Libertad).
El estado de sitio permitiría desplegar Fuerzas Armadas con facultades excepcionales para restablecer el orden.
Acción policial y rescate simultáneo
Ese mismo 4 de mayo, la Policía Nacional rescató a 50 mineros secuestrados en una planta de la minera Caraveli en la misma provincia, donde también operan bandas criminales.
Sin embargo, críticos señalan que los operativos llegan tarde y de forma reactiva, sin desmantelar las redes ilegales ni sus rutas de financiamiento.
Crimen organizado e impunidad
Estructura de las mafias mineras
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Liderazgos locales que controlan bocaminas ilegales
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Acuerdos con autoridades o fuerzas de seguridad locales
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Financiamiento de pandillas y compra de armas
Impunidad y falta de presencia estatal
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Denuncias de familias por inacción policial
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Baja confianza en la justicia; pocos procesamientos efectivos
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Extorsión sistemática: “peajes” para trabajar en la zona
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos criticó la respuesta estatal, subrayando la necesidad de presencia efectiva y voluntad política para proteger a comunidades y trabajadores.
Impacto social y económico
Aspecto | Consecuencia |
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Seguridad laboral | Mineros formales abandonan la zona |
Economía local | Parálisis de inversiones; migración de familias |
Derechos humanos | Terror y desplazamiento forzado |
Imagen nacional | Perú visto como un Estado débil |
La minería ilegal, valuada en más de US$ 6 000 millones anuales, supera al narcotráfico como principal actividad ilícita en Perú.
Respuestas gubernamentales y críticas
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Presidencia de Dina Boluarte: criticada por falta de estrategia clara y resultados tangibles.
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Ministerio del Interior: aumento de patrullajes, sin desarticular estructuras criminales.
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Propuesta de estado de sitio: apoyada por autoridades regionales, pendiente de aprobación nacional.
Analistas advierten que solo una política integral —combinar seguridad, desarrollo alternativo y fortalecimiento judicial— podrá revertir la espiral de violencia.
Comparativa internacional
Regiones mineras en Colombia y México han enfrentado dinámicas similares de ilegalidad y mafias. Programas exitosos incluyeron:
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Registro y formalización de mineros artesanales
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Proyectos de desarrollo rural para ofrecer alternativas económicas
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Unidades especializadas de policía judicial
La experiencia sugiere que el uso exclusivo de la fuerza no basta; se requieren incentivos para la legalidad y apoyo comunitario.
Conclusión:
El asesinato de 13 trabajadores en Pataz es un síntoma de la grave crisis de seguridad e institucionalidad en regiones mineras de Perú. La reapertura de socavones ilegales por bandas criminales, la complicidad o ineficacia de autoridades locales y la falta de un plan integral confluyen en tragedias que ya suman decenas de muertos.
La solicitud de estado de sitio refleja la desesperación de gobiernos regionales, pero la experiencia internacional indica que la militarización sin un componente de desarrollo y justicia a largo plazo podría ser insuficiente. Es urgente:
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Desarticular redes criminales con inteligencia y acciones judiciales contundentes.
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Formalizar y regularizar la minería artesanal para ofrecer vías legales y seguras.
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Invertir en desarrollo alternativo para diversificar la economía rural.
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Fortalecer la presencia estatal con servicios básicos, seguridad y acceso a la justicia.
Solo así podrá Perú recuperar el control de Pataz, garantizar la vida de sus mineros y restablecer la confianza de sus ciudadanos en el Estado de derecho. La masacre de estos 13 trabajadores debe marcar un punto de inflexión: de lo contrario, la “Roca” de la injusticia y la impunidad seguirá sepultando vidas bajo tierra.